Isabel Celaá, ministra de educación del actual gobierno se reunió con los responsables del área de formación de las distintas comunidades autónomas en el marco de una conferencia sectorial con el fin establecer directrices que encaucen el futuro del curso académico.

El acuerdo estipula que ningún alumno perderá el año escolar como consecuencia del cierre de las aulas provocado por el COVID-19.

Se ha decretado de este modo que el profesorado evalúe al estudiante en base a los resultados obtenidos durante los dos primeros trimestres y que, con la finalización del período docente –planeado para el mes de junio– se complementen las calificaciones con un anexo personalizado que contribuya a concretar un plan de refuerzo de cara al próximo año lectivo.

Queda desmentido así el hipotético aprobado general que se aducía desde ciertos sectores a pesar de que, tal y como la autoridad ministerial declaró, la repetición de curso se aplicaría única y exclusivamente en casos excepcionales.

Esto ha provocado un desmarque del pacto en algunas comunidades como Madrid o Murcia, aseverando los respectivos gobiernos autonómicos que no firmarán un acuerdo que sólo logre aumentar la disparidad territorial.
Por su parte, la reapertura de los centros, tal y como expuso Celaá durante la sesión de control dependerá de si Sanidad dictamina que existen las condiciones objetivas para proceder a la reanudación de la etapa lectiva sin que exista un riesgo considerable de contagio.

Así mismo, el borrador de la orden ministerial ofrece carta blanca a los ejecutivos regionales para la organización de actividades estivales que impliquen a otras organizaciones y tengan como objetivo el refuerzo de conocimientos.