El pasado 14 de marzo, tuvo lugar una reunión del consejo de ministros con el objetivo último de concretar las medidas a aplicar frente el irrefrenable avance del COVID-19 por territorio español.

Las trágicas consecuencias que este ha provocado sobre la ciudadanía patria –cerca de 10000 casos y más de 300 fallecidos– han motivado el establecimiento del estado de alarma, anunciado por el presidente Pedro Sánchez en su comparecencia del fin de semana.

Ante el decreto para su puesta en funcionamiento se han mostrado discrepantes el lehendakari Iñigo Urkullu y el president de la Generalitat Quim Torra, quienes coinciden en calificar de impositiva la actuación del gobierno central.

Bajo este nuevo régimen de excepción, se han desplegado en grandes ciudades y otros focos urbanos a las Unidades Militares de Emergencia para ejercer la labor de vigilancia, patrullando en ubicaciones donde habitualmente se producen grandes aglomeraciones.

Del mismo modo, se ha restringido el tránsito habitual por las calles de no estar amparado por motivos de causa mayor como la adquisición de alimentos o la asistencia a los lugares de trabajo, centros sanitarios y entidades financieras.

Así mismo, se han clausurado las instituciones educativas hasta nueva orden, pudiendo ofrecerse alternativas telemáticas que paliaran las catastróficas consecuencias que el coronavirus cause en el ámbito estrictamente económico.

Por su parte, el gobierno ha actuado con contundencia al decretar el requisamiento del material sanitario en manos privadas así como el uso de aquellas instalaciones que pudieran necesitarse para evitar un posible colapso en el actual momento de crisis.

A nivel internacional, el gobierno chino, tras haber logrado una eficiente gestión de la infección ha comenzado a colaborar activamente en la puesta bajo control de la pandemia a través del envío masivo de material médico y personal especializado.
 

Según fuentes de la embajada china, España se beneficiará de un envío realizado a Europa que incluye un total de 1,8 millones de mascarillas así como 100000 reactivos.

Así mismo, el ministro Ábalos expuso a través de Radio Nacional de España la inevitable prorrogación del estado de alarma hasta que la situación alcance cierta normalización.