La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) ha reclamado el incremento de la indemnización por residencia para el personal del sector público estatal en Canarias, Ceuta y Melilla, igual que se plantea para las islas Baleares. Ante la proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados para revisar en este año 2022 las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, CCOO lamenta que sólo se haya hecho para esta Comunidad Autónoma, "a sabiendas de que en las mismas circunstancias se encuentran la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla".

De este modo exigen que las mencionadas medidas sean de aplicación para los otros territorios que tienen idénticas características: Canarias, Ceuta y Melilla, y por ello demandamos la apertura inmediata de una mesa de negociación que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que este incremento de la indemnización por residencia se lleve a cabo.

"Desde el sindicato llevamos años demandando este incremento para el conjunto de empleados y empleadas que viven y trabajan fuera del ámbito peninsular y haciendo llegar a los distintos grupos parlamentarios, incluido el Grupo Popular, así como al Gobierno, nuestras reivindicaciones, habiéndose incluido en las propuestas de enmiendas que elevamos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado", han explicado.

CCOO ha venido reclamando estos incrementos, justificando, entre otros motivos, que las indemnizaciones por residencia se fijaron por última vez en el año 2007, como desarrollo del Real Decreto Ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de Canarias, Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Desde entonces, las diferentes leyes de Presupuestos Generales del Estado han venido fijando una disposición transitoria, similar a la actual, por la que revisa su cuantía en el mismo porcentaje que se establece para el incremento del conjunto de las retribuciones, siendo éstas del todo insuficientes. Las indemnizaciones actuales resultan "claramente alejadas de la realidad en estos territorios lo que está provocando enormes problemas, entre otros, el de la cobertura de las vacantes y el de la permanencia del personal al servicio del sector público en dichos territorios con el consiguiente deterioro en la prestación de los servicios públicos que se prestan. Para ello, hemos solicitado en reiteradas ocasiones, que se fije, previa negociación, un incremento significativo que palíe dicha situación, entre otras cosas, porque esta es la razón por la que la temporalidad en dichos territorios es muy superior a la media, rondando el 38 % y el 40 %".