El pasado 28 de mayo Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan Europa comunicó la decisión de clausurar las fábricas ubicadas en Montcada, Zona Franca y Sant Andreu (Barcelona).

El cierre de estas plantas supondría el despido de más de 3000 trabajadores y la puesta indirecta en peligro de otros 25000 puestos de empleo en empresas auxiliares.

Después de que periódicos japoneses filtraran a principios de mayo el plan de reorganización que el gigante nipón adoptaría como respuesta a la crisis del COVID-19, la plantilla española anunció una huelga indefinida con la que tratar de evitar un fatal desenlace para la industria de la automoción en nuestro país.

Ya en 2003, Nissan puso fin a su actividad en Madrid bajo la promesa de una mayor producción en el área catalana.

Muchos trabajadores tuvieron que radicarse de esta forma en la comunidad nororiental para poder conservar sus empleos.

Con el inicio del desplome económico cinco años más tarde, la compañía también presentó un ERE que desembocó en el despido de más de un 35% del equipo de trabajo de entonces.

Los empleados restantes tuvieron que hacer frente además a la reducción en un 12% de los costes laborales.

Roberto Carlos Pacheco, delegado de Comisiones Obreras en Nissan relata por su parte que «esto viene de antes. La crisis del coronavirus solo ha acelerado el proceso, pero ha habido una estrategia de cargarnos con los modelos menos rentables y quitarnos los que más se vendían».

El representante sindical confirma de igual forma que la presente coyuntura atiende a una alianza estratégica entre Nissan, Mitsubishi y Renault para repartirse los mercados internacionales.

De este modo, Renault concentraría su actividad en Europa y Nissan pasaría a operar en Japón, China y EEUU.

Paralelamente, desde el ministerio de industria ya se ha anunciado la deliberación de distintas propuestas que pasan por la inversión estatal para revertir la decisión tomada por la empresa, pero el futuro resulta todavía incierto para los afectados por esta severa situación.