Con la aprobación y futura puesta en práctica del llamado Ingreso Mínimo Vital por parte del actual gobierno español, se constituye la primera renta mínima aplicable a la totalidad íntegra del territorio nacional sin contabilizar las prestaciones propias del ámbito autonómico.

La medida social fue ya refrendada por un consejo de ministros extraordinario celebrado a finales del pasado mayo tras un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos en los meses previos a la pandemia de COVID-19.

Su elaboración ha corrido a cargo de la cartera de José Luis Escrivá, ministro de inclusión y seguridad social y, según declaraciones realizadas por el representante político, el mentado ingreso contará con un principio de retroactividad aplicable a partir del 1 de junio.

De igual modo, estimaciones basadas en la información de instituciones como la Seguridad Social, el INE o la Agencia Tributaria revelan que la medida tendrá un alcance aproximado de 850.000 familias que en la actualidad viven en situación de pobreza.

La cuantía a percibir oscilará entre los 462 euros y los 1.015 euros por hogar. Su variabilidad dependerá de la situación del solicitante, considerando factores como la recepción de un sueldo y la cantidad de integrantes de la unidad familiar.

Serán por otro lado las futuras prestaciones que están destinadas a desaparecer –como por ejemplo la ayuda por hijo a cargo–, aún inscritas en la seguridad social y el servicio de empleo las que sufragarán en gran medida los gastos correspondientes a la cantidad que se abone a los solicitantes de esta renta.

Para el 26 de junio se espera que el ingreso mínimo haya sido recibido por un total aproximado de 255.000 españoles según aseguró el presidente Pedro Sánchez la pasada semana.