Los puertos españoles recibieron entre marzo, mes en el que se declaró por primera vez el Estado de Alarma para combatir la propagación de la Covid-19, y diciembre de 2020 a 36.024 personas por vía marítima, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. Sin embargo, esta realidad sufrió serias dificultades para la cobertura informativa según el Informe sobre Periodismo y Migraciones. 
 
La investigación desarrollada por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y la productora social EntreFronteras en los principales sietes puertos fronterizos que más llegadas de migrantes reciben desvela las trabas que habitualmente sufren los profesionales de la comunicación a la hora de cubrir los procesos migratorios. Según los datos que arroja el informe, seis de los siete puertos estudiados la prensa sufrió trabas ante la llegada de personas migrantes rescatadas por Salvamento. 
 
Además, 2 de los puertos, Alicante y Cartagena, el acceso es casi "imposible" ante la negativa de las autoridades al acceso de la prensa. En el Caso de Cartagena los responsables del Gobierno en la región reportaron "motivos de seguridad sanitaria por la COVID-19" para evitar el acceso a periodistas. 
 
La pandemia ha dejado como resultado que en 3 de los 7 puertos analizados la situación cambió a causa del Coronavirus, un 41% de los puertos estudiados. Es decir, las autoridades achacaron las trabas y problemas de acceso a los puertos a la crisis sanitaria, según reportaron los periodistas. La cifra aumenta al 50% si incluimos las denuncias de los fotógrafos de Ceuta que se vieron afectados por estas medidas.
 
A lo largo del 2020, los puertos donde más trabas se produjeron fueron los de Canarias, Almería y Cartagena, siendo estos dos últimos donde más frecuentemente se veta el acceso a los periodistas. Además, se notificaron trabas en el acceso a la información en Alicante y Algeciras. Motril y Málaga fueron las dos únicas ciudades donde no se reportaron incidencias, aunque los profesionales malagueños reconocen la imposibilidad de acceder a fuentes primarias de información sobre el terreno. 
 
El caso de Arguineguín, en Gran Canaria, se reportaron serios abusos hacia la libertad de expresión cometida principalmente por las fuerzas del Cuerpo Nacional de Policía. El SPA y EntreFronteras ante las denuncias llegadas consideran que durante 2020 hubo casos de censura previa y que los profesionales en su mayoría reportaron trabas a comunicadores.

Por otro lado, el informe recoge el testimonio de los profesionales que trabajan in situ y destaca cómo ante el aumento de las llegadas se producen mayores trabas. "Cuando la situación se les va de las manos y no pueden controlarla, se cierra el grifo a los medios de comunicación. Lo que no se cuenta no existe", comenta Begoña Curiel, una de las periodistas que ha participado en la investigación. 
 
Los puertos de Melilla y Ceuta, que no fueron visitados por el SPA ni por EntreFronteras, también presentan trabas en el acceso a la prensa, como vienen denunciando desde hace tiempo los periodistas sindicalizados residentes en estas ciudades. Esto los obliga a buscar localizaciones alternativas, externas al recinto portuario, para cubrir los fenómenos migratorios. Una situación precaria que se traduce en una pérdida de perspectiva y riqueza documental a la hora de recopilar datos y narrar los hechos.
 
Desde el SPA y EntreFronteras se exige al Ministerio del Interior del Gobierno de España la redacción y puesta en marcha de unos criterios uniformes y estandarizados que aseguren el acceso al puerto de los profesionales de la comunicación para la cobertura de los fenómenos migratorios. Además, se condenan los diferentes episodios que violan el artículo 20 de la Constitución española donde se reconoce el derecho a "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" y a ejercerlo sin restricciones motivadas por algún tipo de censura previa.