La 4ª prorroga: entre la fragmentación y la crítica
El pacto de estado con el que el gobierno y demás partidos políticos de la oposición trataban de salvaguardar a la población española de los efectos del COVID-19 ha sufrido un descalabro tras los dubitativos amagos que el dirigente popular Pablo Casado manifestó en sus últimas declaraciones.
Después de que el secretario general de la formación conservadora responsabilizara públicamente al presidente Pedro Sánchez de los fallecidos en las últimas semanas, expuso los enormes perjuicios que podría tener sobre la actividad económica la continuidad del actual plan de desescalada a la vez que decreta la abstención del PP en las votaciones de la próxima prorroga.
De esta forma, amplios sectores de la organización de centro-derecha se suman a las tesis defendidas por VOX, cuyo portavoz en el Congreso sentenció este pasado martes que el ejecutivo tiene a su disposición otro tipo de mecanismos con los que poder afrontar el tránsito a la nueva normalidad sin por ello tener que recurrir al estado de alarma.
Ese mismo día, el gobierno logró un acuerdo con Inés Arrimadas que, en representación de Ciudadanos, sumó a la formación naranja a la base de apoyos para la prolongación del actual régimen de excepción.
Así, el parlamento autorizará la cuarta prorroga, que está prevista que se extienda hasta el próximo 24 de mayo –un día antes de entrar en la llamada «segunda fase» del plan elaborado por la gobernación–.
Este hecho le ha costado al grupo parlamentario de Cs la dimisión de Juan Carlos Girauta, quien comunicó a través de Twitter su salida de la que hasta entonces había sido su formación a consecuencia de la resolución alcanzada.
«No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos», han sido las duras palabras que dirigió Girauta a la actual directiva de la organización liberal.
El gobierno mantendrá asimismo encuentros semanales con Ciudadanos para poner en conocimiento del partido las vicisitudes de la crisis sanitaria y consensuar, entre otros asuntos, las medidas a emprender en relación a las necesidades de las PYMES durante y después del estado de alarma.